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Comisión de Responsabilidad Civil por Daño Ambiental de la Dra. Aurora V.S. Besalú Parkinson.

Equipo de trabajo Prof. Dra. Aurora V.S. Besalú Parkinson Curriculum Vittae

Aux. Docente: Abog. Sebastian Quintana Ferrari
Aux. Docente: Abog. Alejandro Barletta
Aux. Docente: Abog. Diego Ponce de León
Aux. Docente: Ingeniero / Abogado Carlos Luppi

Miembros de mérito:
Dra. María Isabel Benavente
Ab. Esteban Falcone

Nuestro Correo Electronico ambientalabp@live.com.ar Nuestro sitio de enseñanza: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Departamentos Academicos con competencia en nuestra materia: - Departamento de Derecho Privado I (Dir. Dr. Oscar Ameal) - Departamento de Derecho Económico Empresarial (Dr. Daniel Roque Vítolo).
Nuestro horario de cátedra: 17 horas a 18.30 los dias Martes y Viernes, - Mayo Junio, aula 14 (PB frente a la sucursal Banco Río Santander)
Imprimí lo necesario y compartilo cuando termines, reducí, recicla y reutilizá.







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martes, 9 de mayo de 2017

Comunicación Ab. Sebastian Quintana - CSJN


Comunicación 
Queridas/os Alumnas y Alumnos:

Ante un hecho de conocimiento público como fue el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiero manifestar mi repudio a la sentencia que implica la utilización del instituto previsto en la ley 24390 conocido como "beneficio del 2 x 1" para los encausados por procesos de Lesa Humanidad durante la dictadura cívico militar de 1976 -1983.
Nuestra historia judicial lamentablemente está llena de yerros en variadas sentencias que deshonran la administración del valor más importante para una sociedad que es la Justicia.
Desde la acordada lúgubre de 1930, pasando por otros procesos escandalosos en distintos tribunales tenemos que seguir observando cómo existe un grotesco entre la realidad político social de un país, y la aplicación de las normas que, a decir de nuestro gran jurista Dr. Ricardo Lorenzetti (voto en disidencia en la presente sentencia), debe aplicarse dentro de un concepto macrosistémico basado en la Constitución Nacional, la cual incluye como parte del plexo normativo y siguiendo la doctrina monista a los tratados internacionales de derechos humanos.
Sería largo extenderme sobre los delitos que pesan sobre los delincuentes  que, usando la infraestructura técnica, jurídica y económica del Estado, operaron para ejercer los actos más aberrantes. Actos dignos de los régimenes más siniestros que haya atravesado la Humanidad desde los tiempos de la Inquisición pasando por las dictaduras de Hitler, Stalin, Pol Pot, Pinochet, Papa Doc Duvalier, Efrain Ríos Montt, etc.
En lo personal y como docente de esta casa de altos estudios siempre mi compromiso será con la defensa de la vida, de la memoria y por sobre todo con la defensa de los Derechos Humanos, por los que he jurado como abogado ante nuestra decana Dra. Mónica Pinto, la Dra. Silvia Nonna y ante los ojos de la Dra. Aurora Besalú Parkinson.
Y como docente y siguiendo las enseñanzas recibidas de mis maestros Mario Valls, Jorge Bustamante Alsina, Aurora Besalu Parkinson, José Miguel Onaindia y otros tantos, entiendo que existe una noción de la cultura patrimonial insertada dentro del ambiente, siendo un elemento de compresión de la concepto del desarrollo sustentable.
La cuestión patrimonial ambiental está contenida, dentro de esta lectura que estamos haciendo en el cuidado de los espacios de la memoria como la ex ESMA, el Pozo de Banfield, Automotores Orletti, la demarcación de otros tantos sitios como la ex Fábrica bajo la autopista 25 de Mayo; pero que también está en la transmisión de ese patrimonio intangible que es el relato sobre los hechos ocurridos durante esa época oscura para nuestro país que nos ha costado tanto dolor y la pérdida de nuestros seres queridos y amigos.
Es por ello que siento mucha vergüenza de quienes fueron mis maestros, que por motivos que no logro entender han perdido el decoro al momento de dar sus votos mediante draconianos pasajes procesales en algo que el valor supremo Justicia repudia.
Lamento mucho el voto del Dr. Carlos Rosenkrantz quien fuera mi profesor y el cual nos legó en sus enseñanzas qué debemos hacer ante una situación de la aplicación de una  ley injusta.  Aquel debate nos llenó de valor para enfrentarnos a los absurdos del derecho positivo.
Hoy  me enfrento a mi estimado profesor porque no estoy de acuerdo con su forma de pensar que tropieza contra algo superior a cualquier cruce de escritos de abogados ocasionales de oscuros defendidos.
Citaré las palabras del jurista Dr. Carlos Cerda Fernandez, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile, quien con valentia inusitada se negó a cumplir con el archivo de causas contra los criminales del régimen dictatorial del General Augusto Pinochet:

" ¿Qué hace entonces, el juez que al tiempo de enfrentarse a un `cúmplase` de rutina perciba que con él vulnera abiertamente lo que la sociedad mayoritariamente en un primer atisbo de soberanía popular, despues de lustros de excepcionalidad jurídica, le encarga preservar? (...)¿Y por qué, me pregunté, siendo mis superiores y yo miembros de un mismo cuerpo - el querido Poder Judicial- podemos concebir una misma cosa de manera tan distinta y opuesta?.
¿Y por qué los presiento a ellos tan lejanos de la fuente de los justo, mientras yo tan cercano? ¿Cómo comprobar que no se trata únicamente de mi arrogancia y pedantería?"

Como hago referencia siempre en mis clases el ambiente es un todo, que abarca también al patrimonio y con éste a la memoria intangible de los pueblos que debe transmitirse de generación en generación para poder cuidar nuestro hábitat desde un modo, no solo orgánico sino social como único derrotero de la supervivencia de la especie humana y de lo que a ella le rodea, que dado nuestro antropocentrismo nos vemos obligados a velar por la vida de todos los seres vivos y de todos los ecosistemas que existen en el ambiente de nuestro planeta tierra.
Ratifico mi repudio a esta pieza del derecho, que ojalá quede en el recuerdo de la mala administración de justicia.


Ab. Sebastián Quintana

sábado, 15 de abril de 2017

Autonomía Universitaria



Estimad@s alumn@s:

Ante la gravísima situación ocurrida recientemente en la Universidad Nacional de Jujuy, producto de la intromisión de fuerzas de seguridad de la policía provincial a cargo del Sr. Gobernador Gerardo Morales, manifiesto mi preocupación sobre dicho actuar.
Como es de público conocimiento las fuerzas policíacas no pueden ingresar a los claustros academicos sino es mediante una orden emitida por juez competente.

Que esto es a raíz de la ley de educación superior 24521 que su artículo 31 establece: 
“La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita 
previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

Que esta norma tiene su antecedente histórico en situaciones muy oscuras en nuestro país como la conocida "Noche de los bastones largos" o lo acontecido durante la última dictadura cívico militar entre 1976 y 1983.
Cabe destacar que el rol de la educación universitaria es fundamental para la grandeza de un país y que no debe tolerarse ningún tipo de avasallamiento a sus instituciones, ni a quienes las integran.
Que este caso es una llamada de atención al gobierno federal, el cual deberá tomar cartas en el asunto También nos llama a la reflexión acerca de como funciona el estado de derecho en la Provincia de Jujuy, la cual ya acumula otros casos resonantes, de conformidad a distintas observaciones efectuadas por organismos internacionales y organismos de derechos humanos. (caso Milagro Sala entre otros).
Transcribo parte del Comunicado emitido por la Universidad Nacional de Jujuy y desde ya dejo mi solidaridad para la comunidad educativa de esta provincia.

Ab. Sebastián Quintana
Equipo Docente

Fuente: 
http://www.unju.edu.ar/Noticias.php?id=1459

Comunicado Oficial de la Universidad Nacional de Jujuy


Ante los hechos ocurridos en la Facultad de Ciencias Agrarias, que terminaron con la detención ilegal y arbitraria de los estudiantes y referentes del claustro estudiantil Joaquín Quispe e Ignacio García, expresamos:

Que la actividad de bienvenida organizada tenía autorización de la Facultad de Ciencias Agrarias y que es una más de las tantas actividades que se realizan desde la creación de esta Casa de Estudios.

El operativo realizado fue a todas luces ilegal pues no respetó lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior que determina: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

La actitud de la fuerza policial fue un claro atropello a toda la comunidad académica de la Universidad Nacional de Jujuy, cuna de propuestas, ideas, y debates en el marco de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria.

La prepotencia y arbitrariedad con la que actuó la fuerza policial representa, muy especialmente, una gravísima actitud de amedrentamiento hacia los jóvenes universitarios y sus instituciones.

Condenamos el maltrato físico a los estudiantes, constatado y denunciado formalmente.

Refutamos las explicaciones esgrimidas por las autoridades policiales por cuanto no se actuó conforme a derecho, porque los registros audiovisuales existentes y las declaraciones de los propios estudiantes confirman que las detenciones no fueron en la calle, que existió un operativo desmedido y que el ingreso al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias se realizó forzando la puerta de acceso sin orden de un juez o solicitud de autoridad competente.

Las adhesiones y muestras de solidaridad expresadas en todo el país y América Latina confirman la gravedad de los hechos, pese a que algunos sectores aún intentan instalar la idea de “simple controversia” o bien estigmatizar y desacreditar a los estudiantes universitarios.

Por todo ello, las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy manifestamos nuestro absoluto repudio, dejando expresamente planteada nuestra preocupación por los hechos ocurridos, exigiendo las explicaciones correspondientes para que no se vuelvan  repetir estas acciones y renovando nuestro compromiso con una sociedad libre, justa, inclusiva y fortalecida por la defensa irrestricta de los derechos más elementales.-


Lic. Rodolfo Tecchi
Rector

Mg. Mario Bonillo
Decano Facultad de Ciencias Agrarias

CPN María Rosa Grisolía
Decana Facultad de Ciencias Económicas

Dr. Ricardo Slavutsky
Decano Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Ing. Gustavo Lores
Decano Facultad de Ingeniería

Fallo de primera instancia contra YMAD (explotación La Alumbrera, Catamarca)

Esta nota nos cuenta en síntesis parte del fallo, en sus considerandos más destacados.
Que principios ves reflejados?, Como se aplicó la ley del ambiente 25675.
En que estará ahora esta sentencia?, fue apelada? quedó firme?.
Un hecho más que se suma a la preocupante situación de la minería en nuestro país como el caso Jachal y otros tantos. El rol de la participación ciudadana y los problemas generados por actividades que dejan más penitas que moneditas en las poblaciones afectadas.

Fuente: MOTOR ECONÓMICO, de Raúl Dellatorre
http://motoreconomico.com.ar/cruda-realidad/fallo-histrico-condenaron-por-contaminacin-a-la-minera-alumbrera

Fallo histórico: condenaron por contaminación a la Minera Alumbrera

Por primera vez una sentencia de la Justicia provincial en Catamarca ordena a la empresa a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados en Concepción y Alpachiri.
El fallo judicial se desprende del juicio iniciado hace 10 años por los hermanos Carlos y Antonio Aranda en contra de empresa minera Alumbrera Ltda. y de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) por contaminación.
“La sentencia que fue realizada por el juez civil de la II Nominación Eduardo Dip Tártalo del Centro Judicial Concepción, es clarísima; minera Alumbrera contamina, es un fallo ejemplificador y sienta una jurisprudencia histórica en nuestro país”, explicó Carlos Aranda.
En la sentencia, que fue apelada por los abogados de la empresa extranjera, el juez Dip Tártalo ordena a la empresa minera Alumbrera Ltda. Que:
“Realice todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas, acompañando las pruebas necesarias al efecto”.
“Reponga a su estado anterior de las áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, calles, locaciones, picadas, zanjas, canteras, mineraloducto y toda otra actividad que haya ocasionado la pérdida del manto vegetal”.
“Acompañe copias certificadas de los estudios sobre el agua de los ríos que cruza el mineraloducto en la provincia de Tucumán desde el año 1999 y que constituya o acredite haber formado el fondo de restauración ambiental previsto en el artículo 22 de la ley 25.675”.
“Acredite la contratación el seguro de cobertura al que refiere el artículo 22 de le ley 25.675 e informe el plazo de cobertura, atento al hecho notorio del retiro de la firma del país. Si ya hubiera dado cumplimiento a alguna de estas medidas o esté en curso de cumplimiento como consecuencia del cierre de la mina, informe tal situación a este juzgado”.
Por otra parte, en mismo fallo, el Juez aconseja al Poder Ejecutivo provincial, que por medio del Ministerio de Salud de la Provincia se proyecte la realización de un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los Ríos Medina, Chirimayo y Gastona, con el objeto de detectar las enfermedades y/o patologías que guarden relación directa con la contaminación de los acuíferos de la zona y que se disponga su atención médica inmediata. Además, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT. SAPEM) deberá realizar un informe acabado sobre el estado del servicio de agua potable de la ciudad de Concepción, en la localidad de Alpachiri, y las proyecciones para ampliar y mejorar tal servicio.
Los hermanos Aranda denunciaron hace 10 años la contaminación del agua de Alpachiri y Concepción, de acuerdo a estudios y análisis realizados en laboratorios de Argentina, Canadá e Inglaterra, que involucra directamente a la empresa minera Bajo La Alumbrera, emplazada en la vecina provincia de Catamarca.
“Más allá que el magistrado no hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios contra la minera lo que nosotros en realidad queríamos era demostrar es que la empresa si contaminó y eso dejó bien en claro el fallo. Nosotros estamos tranquilos luchamos contra un monstruo que tenían a su disposición medios de comunicación, dinero, contactos políticos y más de 40 abogados contra nosotros dos y ganamos la pelea”, señalaron los hermanos.
(*) Fuente: El Federal on line/Primerafuente.com
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Cláusulas Ambientales del Mundo: Hungría


Contaminación por actividad industrial: el caso Klaukol, rol de medios, participación ciudadana, principio preventivo.



La presente nota fue extraída del portal AGENCIA PACO URONDO 
http://www.agenciapacourondo.com.ar. 
Dicho articulo nos habla sobre la contaminación atmosférica, producida por la actividad de una conocida marca de pegamentos y selladores que usualmente se usan en la industria de la construcción. Esto ocurre en el distrito de La Matanza, uno de los más poblados de la Provincia de Buenos Aires y con grandes problemáticas sociales. Los vecinos están atemorizados ante las represalias que ocurren cuando ellos intentan denunciar los problemas que sufren sus familiares como ser problemas de salud que van desde cáncer hasta afecciones respiratorias diversas. 
En este artículo podemos analizar las problemáticas ambientales y esto nos abre a la reflexión de como podríamos solucionarlas aplicando pautas del derecho ambiental en lo atinente a la prevención y reparación del daño.
“Llueve oro, llueve oro” dicen los niños en el barrio Las Mercedes de La Matanza. Sin embargo, lo que llueve en el vecindario son enfermedades que muchas veces llevan a la muerte: “Yo soy el único sobreviviente de mi familia, perdí a todos” cuenta con impotencia Jorge Armoa, uno de los vecinos. “Ahí no vive nadie, se ha muerto toda la familia Coppotelli. En la familia Verón también se murieron todos, mamá, papá e hijos”, relata con frialdad Susana Aranda, vecina y querellante en la causa judicial contra la empresa. Para otros es convivir, como pueden, con las enfermedades que produce ese “oro” que pareciera caer del cielo: “Ese chico que ves pasar ahí con su familia tiene tu edad, pero no tiene tu suerte de ir a la universidad ni de conseguir trabajo, porque tiene cristales en sangre”. Y así el 99% de la población de este barrio del km 44,5 de la Ruta 3 tiene que usar un pap nasal (aspirador) para poder respirar con normalidad, o sufre de dermatitis, conjuntivitis, bronquitis, disnea, plomo en sangre, problemas neurológicos, anemia en las embarazadas o cáncer.
¿Llueve oro? No, es una especie de arenilla que cuando uno ingresa al barrio ya se percibe en el aire. Esa arenilla (material particulado) está compuesta por un cóctel de químicos que se exteriorizan a través de unas tolvas (chimeneas) y que utiliza la empresa para producir sus pastinas antihongos, adhesivos y revestimientos que ofertan en el mercado de la construcción (en el cual son líderes) a costo de la salud de los habitantes que rodean la fábrica. Y allí radica una de las mayores trabas del conflicto, porque esas tolvas que le permiten contaminar no se hacen más y por lo tanto, de mudarse la fábrica, no podría mantener el mismo nivel ni calidad de producción.
La planta de Klaukol está instalada desde principios de este siglo justo en frente de la histórica y gigante fábrica de Mercedes Benz; y desde hace varios años es propiedad de la multinacional francesa ParexGroup, que ostenta a Royal Canin, Lessafre, Rovafarm y otras marcas reconocidas. Cada intento de pactar una entrevista con algún representante de la empresa es negado, aunque en una entrevista dada al diario de la Universidad Nacional de La Matanza en 2011, el gerente de relaciones institucionales de aquel entonces Daniel Muñiz, dijo que básicamente lo que largan las chimeneas es “vapor de agua”.
Una (in) justicia distraída
“Cuando en Mayo de 2009 explotó una tolva y quedamos tres días tapados como si fuera ceniza volcánica, vimos que gente de RRHH de Klaukol regalaba productos en las casas y un resarcimiento económico a cambio de una firma en una planilla. Ahí vimos que algo andaba mal, algo ocultaban”. Susana Aranda es una de las vecinas que más lucha por la salud de su barrio y es el motor de la denuncia que iniciaron en 2009 en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez (que fue investigado por corrupción en otros hechos) y en el Juzgado N°1 de Morón subrogado por el juez Juan Pablo Salas, pero la justicia sólo clausuró la fábrica dos días y le impuso cumplir con siete metas que según el Juez Rodríguez cumplieron con efectividad. Sin embargo, los vecinos denuncian que las inspecciones no se hacen de manera sorpresiva y la empresa no pone en funcionamiento a toda su producción cuando estas se hacen.
En lo referido al control sanitario y medioambiental del caso, los afectados acudieron al OPDS (Organismo Para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires) pero el análisis del lugar fue derivado a la ACUMAR por encontrarse la planta en aquella área. Por lo que en Mayo de 2014 esta última realizó un relevamiento sanitario en el barrio, en donde el 100% de los chicos analizados de entre 0 y 12 años presentaron plomo en sangre y ninguno de ellos aprobó el PRUNAPE (Prueba Nacional de Pesquisa), un instrumento para la detección de problemas inaparentes del desarrollo psicomotor en niños menores de seis años creado por el Hospital Garrahan. También el análisis encontró metales pesados en el agua, y al no contar con agua potable, la ACUMAR debió proveer de agua a los vecinos (3 litros por familia).
Amenaza constante
“Un día el segundo de Fernando Espinoza (ex Intendente del Municipio) me dijo: ‘la empresa no va a cerrar ni se va a ir, así que conformate con el agua’” devela Susana. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, en Mayo de 2011 los vecinos realizaron un acampe en la Embajada de Francia del centro porteño y luego en 2015 en la puerta de la planta, pero siguieron siendo invisibilizados. El diario La Nación y la producción de Periodismo Para Todos, el programa de Jorge Lanata, fueron hasta el barrio para tomar nota de las denuncias, pero nunca publicaron aquellos datos debido a las conexiones publicitarias.
Susana apunta a la Sociedad de Fomento “Las Mercedes” y afirma que allí, en la entidad construida por la misma empresa, Klaukol les promete construir sus casas a los vecinos de las casi 30 manzanas que rodean a la fábrica. Debido a sus denuncias judiciales y mediáticas, ella afirma que fue víctima de diferentes amenazas y golpes: “Me rompieron una costilla y un dedo, me secuestraron en San Justo, debo haber hecho entre 20 y 30 denuncias en la UFI de San Justo por amenazas, pero siguen haciendo lo que quieren”. También relata que una noche la llamaron a la casa y le dijeron que vaya al puente de la Ruta 3 a ver cómo “va a terminar si sigue jodiendo”. Allí había un cuerpo sin vida de un joven de otro barrio de la zona. Hasta los vecinos Autoconvocados de González Catán que los apoyaron en su momento fueron amenazados e intentaron prenderles fuego el galpón donde ellos se reúnen.
¿La última? Debido a la investigación del tema por parte de un medio masivo, el Jueves 15 de Septiembre dos personas la interceptaron en el barrio, le apuntaron con una pistola y la obligaron a tragarse dos baterías: “Elegí vos, un plomo de la 9 mm que tenés en tu estómago o tragarte esto” según contó Susana en rueda de prensa pocos días más tarde del hecho, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y varias organizaciones. Ese mismo día los vecinos tuvieron una reunión con el secretario de Gobierno municipal Gustavo Dutto, para acercarles todas estas preocupaciones. La única respuesta fue una intimación de la Municipalidad a la semana siguiente por no abonar el servicio de barrido, de la arenilla de Klaukol claro.Y por si fuera poco, la vecina recibió una carta documento de la empresa por sus declaraciones a la prensa.
Entrevista de Barricada TV a vecinos de VIrrey del Pino
Agencia Paco Urondo