El término conocido como gentrificación tiene sus orígenes en los años 60 y fue acuñado por la socióloga inglesa Ruth Glass, para referirse a fenómenos de transformación urbana, que tenían relación con procesos de privatización del suelo e incidencia del mercado de manera predominante por sobre las políticas públicas estatales de organización y planificación de lo urbano. En este sentido, comenzaban a producirse procesos de renovación urbana de viejas zonas céntricas de las ciudades, mediante el arribo de sectores de estratos medios y altos, generando como consecuencia principal, el desplazamiento hacia otras zonas de los más bajos que residieron allí tradicionalmente.
En este fenómeno, la expulsión de individuos se da principalmente por la imposibilidad de afrontar los nuevos valores económicos de alquileres incrementados por la renovación urbana, pero también, por la pérdida del sentido de pertenencia, la modificación de la cultura barrial, la ruptura del tejido social o la dificultad de sostener el nuevo costo de vida marcado por la influencia de nuevos comercios zonales.
En síntesis, el término en su forma tradicional alude a dos cuestiones: por un lado, la reestructuración urbana en sí - y la intervención estatal en la misma - y por el otro, al recambio de clases sociales, motivado en parte por la incidencia del mercado de suelo en ciertos sectores. Hoy en día, se considera que, si solo hacemos foco en este análisis dual, estaríamos siendo reduccionistas al centrar nuestra mirada en aspectos principalmente materiales. La mayoría de los análisis actuales, amplían esa mirada, y observan que el fenómeno tal como se daba en años anteriores ha ido mutando y tomando otras formas, sobre todo, en países de América Latina.
La Gentrificación en América Latina
En nuestro continente, la gentrificación como proceso urbano, adquiere algunas otras características. Autores como Sabatini y Jaramillo sostienen que este fenómeno también se presenta como una “gentrificación sin expulsión y/o en áreas periféricas o periurbanas". Gran parte de la comunidad académica advierte sobre el traspaso de conceptos originados en sociedades tan disímiles, aunque la similitud principal sea que estas dinámicas son parte de la producción de la ciudad capitalista, es necesario tener en cuenta las particularidades de cada tejido social.
La gentrificación sin expulsión en nuestro continente se expresa como el desarrollo de grandes urbes con una fuerte polarización o desigualdad social en su composición, es decir, una población en donde su estructura social es muy desigual, lo que se traduce en dificultad en el acceso a servicios básicos y al uso y producción del espacio social, como es el caso de Brasil donde encontramos en sus ciudades una polaridad entre Favelas y el casco céntrico de la ciudad, o en Argentina con la conformación de villas y asentamientos a pocos metros del epicentro de su Capital Federal.
Es decir, la conformación de asentamientos precarios en las grandes urbes esta ligado al concepto en cuestión. Cabe reconocer que la ejecución de las políticas urbanas neoliberales están intrínsecamente vinculadas a los orígenes de la gentrificación en Latino America, siendo dos procesos que no pueden desvincularse.
Es importante identificar quienes son los agentes protagonistas de que el desarrollo urbano adquiera estas características, podemos decir que uno de ellos es el Estado, que muchas de las veces interviene dando lugar a esta mixtura dentro de la organización del espacio social; y el otro gran protagonista son los agentes inmobiliarios, grandes impulsores de negocios urbanísticos.
A través de la incidencia de estos agentes se van desarrollando ciudades en donde predominan diferentes intereses y por ende, diferencias en torno a la población y sujetos damnificados, en donde siempre encontramos “ganadores y perdedores”. No es casual que los perjudicados son aquellos sectores más vulnerados y desprotegidos, produciendo y/o potenciando “la consolidación de la ciudad compacta versus integración social/funcional”. En este sentido, sucede que el fenómeno de gentrificación tiene muchas implicancias, no sólo en torno a lo específicamente residencial sino también en torno a lo simbólico, turístico o comercial.
Podemos arribar a una primer conclusión, que refiere a la dinámica de la composición que presentan las poblaciones y por lo tanto, las grandes ciudades en América Latina, el recambio poblacional constante que se produce debido a otras causas, en las que no vamos a hacer hincapié puntualmente, pero que presentan relación a este fenómeno de “gentrificación”. Los riesgos que presenta el mercado de trabajo dentro del modelo de desarrollo “neoliberal” y la fragilidad de las relaciones sociales que se dan en torno a este.
En Argentina, encontramos múltiples ejemplos de gentrificación, en algunos se ha expulsado y en otros tanto solo se ha polarizado el espacio geográfico en realidades económico-sociales distintas. Lo cierto es que el proceso desarrollado, caracteriza la historia de las principales ciudades del país. La proliferación de este fenómeno se dio principalmente en varios centros geográficos de la ciudad de Buenos Aires, como son el barrio La Boca, Puerto Madero, Abasto, Palermo y San Telmo. Todos ellos fueron espacios de transformación con lógicas de mercantilización del espacio urbano, liderado por agentes inmobiliarios con un impacto en la realidad social de sus oriundos vecinos/as, que produjeron la interrelación entre este fenómeno y las múltiples luchas vecinales.
Sobre el rol del Estado
Todo lo expuesto ha contribuido a enriquecer el entendimiento de procesos urbanos, comprender la unicidad y la diversidad de este fenómeno. En la actualidad esta problemática aún persiste y está en constante crecimiento en búsqueda de nuevos horizontes de revalorización inmobiliaria que, sumado a las coyunturas y las polaridades, hoy en día éstas se ven potenciadas por la presencia de una pandemia a nivel mundial, que nuevamente nos invita a reflexionar al respecto.
Es necesario preguntarse por las alternativas que pudieran existir o que podamos generar en torno a los procesos de planificación y renovación urbana, el rol del Estado y sus políticas urbanísticas, ambientales y las herramientas legales para mitigar o prevenir este tipo de procesos que como sabemos y comentamos anteriormente, perjudica en mayor proporción a los sectores más desprotegidos. Entendiendo que las llamadas desigualdades urbanísticas, son consecuencias de las políticas urbanas contemporáneas e imperan la necesidad de contemplar estudios desde un horizonte que se relacione con las reivindicaciones y la participación ciudadana.
Normativamente, a nivel nacional o local no existe una heterogeneidad de leyes que regularice la gentrificación. Solo podemos encontrar esporádicas normativas contempladas en códigos de urbanismos de ciudades o planificación municipal.
Si consideramos esta problemática como parte de la aún mayor crisis habitacional, nos acercamos a otra conclusión que nos lleva a repensar la necesidad de que sea reperfilado el rol Estatal y se den mayores intervenciones que no permitan que se desarrollen estratégicos aumentos de valor económico del suelo y el desplazamiento de la población considerada “indeseable” por la imposibilidad de sostener los enclaves comerciales contribuidos por la inversión privada.
Al respecto, se registran grandes logros por la luchas de vecinos/as, sin embargo, es indudable que es el Estado quien debe poner en agenda nuevos paradigmas de renovación urbana y una revitalización de los barrios históricos de las grandes ciudades, sin provocar polarización, desplazamiento, ni aburguesamiento residencial, generando perspectivas sostenibles y equitativas. Así como garantizar que los sectores de bajos ingresos accedan a una vivienda digna fuera de las lógicas propias del mercado, mediante procesos participativos en los que las clases populares se conviertan en protagonistas de la construcción de ciudad y materialicen su derecho urbano.
En clave positiva, es necesario entender la participación ciudadana como una herramienta esencial en los procesos de desarrollo urbano, fundamental para la proyección a largo plazo y control social efectivo del suelo. Es un aspecto que debe estimular el propio estado en beneficio de la comunidad toda y en búsqueda de la igualdad y justicia urbanística, ya que las contradicciones que se generan en estos procesos de lucha por la consecución de condiciones, indican también una forma de habitar y dialogar con la ciudad.
Algunas posibles soluciones
En las últimas décadas se han implementado medidas para mitigar la gentrificación en todo el mundo. Algunos países han recurrido a utilizar pequeñas intervenciones para medir el impacto de las transformaciones y evitar así destruir el tejido social y urbanístico de un barrio. Otros proponen abordar la problemática desde lo macro, regularizando normativamente o contemplando el fenómeno en los planes de desarrollo urbanístico de las ciudades a largo plazo.
Por ejemplo, en Brasil un edificio de gran altura con una ocupación de dos mil personas en el centro de la ciudad, fue convertido por la municipalidad en un complejo de viviendas sociales para evitar el desplazamiento de sus habitantes. En París, se desarrolló el Eco-Distrito de Clichy-Batignolles, un proyecto arquitectónico mixto con la mitad de viviendas sociales que busca mantener parte de la población menos adinerada en el corazón de la ciudad. Se trata de un proyecto urbano complejo, de corto plazo y alta densidad, que cumple con normas ambientales y que puede ser precedente en arquitectura de alta calidad para viviendas sociales y edificios públicos.
También existen ejemplos de países que han implementado planes de viviendas inclusivas, rentas estatales, programas de viviendas asequibles, leyes de protección en incremento de alquileres en zonas revalorizadas, normativa que exige que el proceso de gentrificación sea supervisado con participación ciudadana, así como también la creación de un fondo para viviendas sociales que tiene como contribuyentes a las constructoras e inmobiliarias que impulsan la gentrificación urbana.
Es valido preguntarse y analizar localmente, como detener o mitigar el avance de la gentrificación para evitar seguir proliferando la expulsión o polarización en nuestro suelo urbano. Poner en agenda la crisis habitacional y con ella estos fenómenos que impiden la obtención de un justo hábitat. Afrontar el compromiso de construir en los espacios académicos soluciones creativas, desde el trabajo multidisciplinario y la participación ciudadana. Creemos que es el Estado, quien debe engendrar un rol protagónico para impulsar políticas públicas e inversiones público-privadas, que contribuyan a transformar la mercantilización del espacio urbano hacia ciudades más igualitarias.
Gonzalez Mariana
Ciacia Luisina
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